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A – normalidad: lo esencial es invisible a la minería

La Licenciada Natalia Sentinelli, miembro del Equipo de Investigación de Be. Pe. desde 2018, investiga temáticas vinculadas con los modos de vida campesinos y tradicionales y los impactos del extractivismo. En el siguiente artículo analiza la actividad de las empresas mineras y del estado respecto de las actividades consideradas esenciales.

En un contexto ya signado por la emergencia ambiental, alimentaria, sanitaria, climática, de violencia de género, en resumidas palabras, de crisis civilizatoria, el COVID-19 nos ha obligado a responder ante algunas de las consecuencias del sistema socioeconómico mundial sostenido sobre la desigualdad y dominación entre iguales y la constante depredación de nuestra madre tierra. Un microscópico virus nos ha llamado a detener los flujos metabólicos incoherentes que estructuran las relaciones internacionales asimétricas, es decir, los movimientos de materia, energía, deudas y toma de decisiones.

En este marco, muchos países han adoptado medidas de detención de las actividades consideradas no esenciales, como forma de minimizar los riesgos de contagio. La estrategia Argentina, de una cuarentena prematura y extensiva, ha sido felicitada por diversos sectores políticos, como así también por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la salud. Sin embargo, un mosaico de actores e intereses despliegan diversos grados de acatamiento de las medidas, y aún no pueden analizarse completamente los impactos de este período de aislamiento intermitente en los sectores más vulnerables de la población (por ejemplo, las economías populares).

En este marco, la profundización de la desigualdad que expone a las comunidades a las vulneraciones de derechos constantes por parte de las empresas extractivas mineras no se ha detenido ni ralentizado a causa de la cuarentena dispuesta por los gobiernos nacional y provincial. A partir del 19 de marzo, frente al decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio y la suspensión de actividades no esenciales en todo el territorio nacional, vecinos de los centros urbanos cercanos o en el paso hacia las minas han realizado numerosas denuncias en las redes sociales, con fotografías que registraron la continuidad del tránsito de vehículos mineros, los cuales no acataron las normas de prevención mínimas dispuestas para toda la sociedad argentina.

Las empresas no debieron sostener la clandestinidad de sus operaciones por mucho tiempo, ya que el 06 de julio, en su decreto prorrogando el ASPO (Decreto S – Seg. Nº 1139), el gobierno provincial consideró a la minería como una actividad esencial, lo que implicó la autorización para retomar sus actividades de manera formal.

Así, en el interior provincial, el tránsito de los vehículos mineros fue el principal responsable de subir el riesgo de contagio, y las alertas se vincularon desde un primer momento con transportistas mineros, particularmente un camionero de la empresa Livent que transportaba maquinaria desde La Rioja a la planta ubicada en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra[1], y que fue diagnosticado COVID-19 positivo luego de su trayecto por el interior provincial. Las autoridades de Salud, como las de la empresa, tardaron dos días en notificar a la provincia de Catamarca el resultado positivo de este trabajador.

En medio del estado de emergencia sanitaria, el gobierno provincial otorgó nuevos permisos para efectuar obras de exploración en el río Los Patos (Antofagasta de la Sierra), que implican la realización de perforaciones para extracción de agua[2]. El agua de esta área es defendida por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, con mayor preocupación a partir de que se permitiera construir un acueducto para suministrar de agua al enclave de Livent en el Salar del Hombre Muerto, el cual ya había secado un río cercano, el Trapiche.

La continuidad de las actividades en los campamentos mineros en ocasiones no cumplió con los mínimos protocolos de seguridad ni con las condiciones que permitieran cumplir con las medidas de distanciamiento y sanidad que aseguraran posibilidades mínimas de contagio. En el emprendimiento de litio de Minera del Altiplano, también en el Salar del Hombre Muerto, unos 250 trabajadores organizados realizaron un paro de actividades exigiendo paralizar el trabajo en todos los sectores. Trascendió que no todos los operarios eran aprovisionados de los elementos de bioseguridad necesarios, y que en los comedores almorzaban en simultáneo más de cien trabajadores (luego del paro, pasaron a hacerlo en turnos de 30)[3].

En esta situación de marcada fragilidad económica para las clases trabajadoras, las empresas mineras no acataron las escasas medidas paliativas tomadas por el gobierno nacional; por ejemplo, la prohibición de los despidos y suspensiones sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor (Decreto N° 329 del 31 de marzo de 2020). Por el contrario, la suspensión de las actividades fue la excusa utilizada por las empresas para despedir a por lo menos 500 trabajadores mineros en Catamarca en medio de la crisis por el COVID-19. Excusa diligenciada por boca de algunos voceros de las empresas, ya que los despedidos fueron notificados por whatsapp de la situación, una práctica que se ha repetido por parte de empresas mineras de otras provincias[4].

Mientras realizaban estos despidos, las empresas se publicitaron como actoras solidarias con la crisis sanitaria, ofreciendo sus recursos (vehículos, personal médico) para atenciones primarias y traslado de personas afectadas por el virus COVID-19. Mientras Livent visibilizó estas acciones en los diarios provinciales[5], mantuvo extremo silencio con respecto a los cesanteados e intentó continuar con la producción a como dé lugar.

Las empresas mineras y los estados corporativos tampoco frenaron sus acciones cotidianas de amedrentamiento  y de ataques a quienes cuestionan las instalaciones mineras, con el objetivo de provocar rupturas en el tejido social. La Asamblea Socioambiental PUCARÁ denunció públicamente que el Cacique Román Guitián (miembro de la Comunidad Atacameños del Altiplano y de PUCARÁ) fue nombrado como funcionario del gobierno sin su consentimiento para tal cargo. La publicidad de este hecho bajo el título “Cacique pasó de antiminero a supervisor” claramente constituye una operación política y mediática para provocar desconfianza, hostigamiento y violencias hacia la comunidad que se opone a la actividad extractiva en sus territorios ancestrales.

Por supuesto, los colectivos en defensa del territorio se sintieron con  la necesidad de continuar también expresando su disenso y movilizándose frente a las vulneraciones de los derechos de los pueblos aun en el marco de la cuarentena. El 23 de mayo, la comunidad de Andalgalá, estandarte histórico de la dignidad comunitaria frente al extractivismo (ante más de 20 años del saqueo de Alumbrera) retornó a sus caminatas en defensa de la vida, que se llevaron adelante bajo los marcos regulatorios de la situación pandémica, con todos los recaudos necesarios para no tentar a las fuerzas represivas, porque la movilización popular no es considerada una actividad “esencial” por ningún decreto provincial.

Fotos: Asamblea PUCARÁ


[1] https://prensaobrera.com/salud/72031-los-primeros-contagios-en-catamarca-y-el-rol-de-las-mineras-y-el-gobierno

[2] https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2020/6/14/el-gobierno-autorizo-nuevas-obras-en-el-rio-los-patos-en-antofagasta-de-la-sierra-436525.html#:~:text=DEL%20MES%20PASADO-,El%20Gobierno%20autoriz%C3%B3%20nuevas%20obras%20en%20el%20R%C3%ADo%20Los%20Patos,Agua%2C%20Energ%C3%ADa%20y%20Medio%20Ambiente.

[3] https://prensaobrera.com/sindicales/68445-paro-en-livent-minera-del-altiplano-s-a

[4] https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/933-mineria-despidos-sin-cuarentena-ni-retenciones

https://prensaobrera.com/sindicales/69015-catamarca-las-mineras-despiden-a-500-trabajadores-en-medio-de-la-crisis-por-el-covid-19

[5] http://www.elinversorenergetico.com/catamarca-empresa-minera-ofrecio-su-personal-medico-un-avion-y-ambulancia/