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Los pueblos reclaman autodeterminación

Ni las empresas ni los estados pueden reemplazar las voces de las comunidades. Amparados por los Derechos Humanos, cada grupo que habite un territorio puede decidir sobre su modo de vida

El derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, a perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y a estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. Este derecho, también conocido como libre determinación de los pueblos, está recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, especialmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), proclamado en 1966. El Comité de Derechos Humanos ha manifestado su naturaleza fundamental al señalar que es requisito necesario para la plena efectividad de los derechos humanos individuales. 

¿Qué significa que el derecho sea colectivo? Según Aurelieu Cristescu, experto de la ONU, los pueblos son entidades sociales que poseen una identidad y características propias y un vínculo con un territorio. En este sentido, las comunidades también son sujetos de derechos.

¿Cómo se relaciona el derecho de autodeterminación con los demás Derechos Humanos? Sin este derecho colectivo, ninguno de los otros (a ser libres e iguales, a la vida, entre los fundamentales) se puede hacer efectivo. Lo cual resulta lógico, considerando que el reconocimiento de este derecho implica que todos los pueblos “establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural” sobre la base del derecho a “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales” y el mandato internacional de que en “ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”, como declara el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La imposición del modelo extractivo minero en nuestra provincia y en nuestro país evidencia la fuerza del desconocimiento, el avasallamiento y la vulneración constante de este derecho fundamental por parte de las empresas mineras transnacionales en connivencia con los Estados provinciales y nacional. De otro modo, ¿cómo se entiende que los gobernantes catamarqueños sostengan tan livianamente que “la minería es cuestión de Estado” sin garantizar las condiciones para el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación a través de mecanismos básicos, como las consultas públicas, libres e informadas? 

El estado debe garantizar los derechos de los pueblos, y esto se entiende más allá de la defensa de sus fronteras y territorios en términos de soberanía, porque quien puede ejercer el derecho a la autodeterminación es el pueblo, no el Estado. Esto queda claro en el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas, que señala que todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta. 

En pocas palabras, al Estado le corresponde atender a las demandas de sus pueblos, fortalecer sus capacidades de participación civil, y respetar sus modos de vida, en muchos casos ancestrales. Pero las palabras de Fernando Jalil, flamante presidente de YMAD[1], cuando sostiene que “Catamarca es minera, tenemos que darle impulso y toda la sociedad tiene que estar detrás de eso”, expresan un fuerte desconocimiento de este derecho. Porque, ¿con quiénes consultó YMAD el futuro de los territorios y las comunidades catamarqueñas? ¿Quiénes son los que deciden la identidad de nuestros pueblos? Según el Estado provincial, el ministerio de Minería de la Provincia, Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) y la secretaría de Minería de la Nación. 

Las personas que viven cotidianamente en los territorios donde se asientan los proyectos extractivos escuchan las palabras de los funcionarios estatales. Si bien muchos son cooptados por las nuevas promesas de progreso o por el peso que la autoridad le da a las afirmaciones en los medios masivos, hay también quienes defienden el derecho de todo grupo a preservar su identidad, a seguir re-existiendo sus medios y modos de vida, y a ejercer así su derecho a la libre determinación.  

¿Por qué quienes deciden levantar su voz son silenciados, negados, estigmatizados y hasta reprimidos en sus acciones de expresión y libre ejercicio de su derecho a la autodeterminación? ¿Estamos obligados y obligadas a ir atrás de la minería, contradiciendo nuestros intereses de re-existencia, de respeto a la madre-tierra, de la cual somos parte, de vida en comunidad? ¿Podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza?

Durante la 18º Feria de Semillas en Tatón, Catamarca, Hernán Gutiérrez subió al escenario y tomó la palabra. En esa oportunidad, el cacique de la comunidad La Quebrada-Santa María, integrante de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), reclamó el respeto al derecho de las comunidades a decidir sobre sus modos de vida y señaló que las amenazas a ese derecho vienen de parte de empresas y funcionarios públicos que deciden sin consultarles.

FUENTES:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

https://www.elesquiu.com/politica/2020/3/11/catamarca-es-minera-toda-la-sociedad-tiene-que-estar-detras-de-eso-351614.html

http://ecologiapoliticadelsur.com.ar/nota/39-voces-y-sentires-de-la-xviii-feria-de-semillas-en-taton

https://rebelion.org/el-derecho-a-la-libre-determinacion-de-los-pueblos/

http://ecologiapoliticadelsur.com.ar/nota/39-voces-y-sentires-de-la-xviii-feria-de-semillas-en-taton


[1] Empresa minera interestatal, conformada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, el Gobierno de Catamarca y la UNT (cada una con el 33%), creada con el fin de explorar, explotar y comercializar la producción de los yacimientos minerales que se encuentran en sus concesiones.